Guanajuato, Gto. — El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron un convenio de colaboración orientado a consolidar una agenda conjunta en materia jurídica, académica e institucional.
El acuerdo prevé el desarrollo de actividades de investigación, docencia, difusión y promoción de la cultura jurídica en áreas de interés común, dentro de sus respectivas competencias, con énfasis en la gobernanza, a fin de fortalecer la confianza ciudadana. En este marco, el convenio impulsa su aplicación efectiva como práctica esencial en el servicio público, mediante la generación de conocimiento y la formación especializada para fortalecer la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la integridad institucional.
Asimismo, se establece una colaboración enfocada en la formación de servidores públicos, el desarrollo de conocimiento y la difusión de buenas prácticas a través de proyectos de investigación, programas académicos y de capacitación, así como publicaciones y acciones de extensión jurídica, con el propósito de contribuir a instituciones más eficientes y cercanas a la ciudadanía.
El acto protocolario fue presidido por la Doctora Mónica González Contró, Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y la Maestra María Raquel Barajas Monjarás, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
En el evento estuvieron presentes, por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Doctor Francisco Javier Galicia Campos, Jefe de Departamento de Proyectos, Procesos y Relaciones Institucionales, así como el Doctor Miguel Alejandro López Olvera, responsable del seguimiento del convenio; mientras que por parte del Tribunal participaron el Magistrado Arturo Lara Martínez, Titular de la Sala Especializada, y el Maestro Mauro Abraham Cuevas Alba, Director del Instituto de la Justicia Administrativa.
Con esta alianza, Guanajuato refrenda su compromiso con la vinculación entre academia y justicia administrativa, promoviendo la generación de conocimiento aplicado y el fortalecimiento de la cultura jurídica en beneficio de la vida pública.
Este esfuerzo conjunto representa un paso firme hacia la consolidación de instituciones más sólidas, eficientes y cercanas a la ciudadanía, reafirmando que la colaboración entre el conocimiento y la función pública es fundamental para construir un Estado de Derecho más robusto y orientado al bienestar social.
