Guanajuato, Gto. – El día de ayer, en sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó el dictamen de la solicitud de licencia para separarse del cargo de diputado local de Aldo Iván Márquez Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con efectos a partir del 15 de febrero, y se pide llamar a Oscar Enrique González Espinoza a que rinda la protesta de ley.
Además, se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de generar una mayor participación de los Congresos Locales en las adiciones y reformas a la Constitución Federal, así como en la expedición de Leyes Generales y Nacionales.
La diputada Susana Bermúdez Cano comentó que la propuesta sí fortalece al sistema nacional, porque al requerirse un proceso más complejo se enriquece, por lo que espera que sea respaldada en otras entidades, a fin de que no se tengan tantas reformas constitucionales que son más veces de política pública que de fondo; mientras que, el legislador Rodrigo González Zaragoza indicó que la reforma fortalece el sistema federal, que viene en un bagaje de equilibrios y también esperaba que más se sumaran.
Como parte del orden del día, se dio cuenta con cuatro propuestas legales. La primera, se trata de la iniciativa de reforma al Código Penal que busca actualizar el tipo penal, corregir inconsistencias, eliminar duplicidades y dotar de coherencia sistemática a la regulación del delito de extorsión. Ésta se remitirá al Supremo Tribunal de Justicia, a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Seguridad y Paz y a la Fiscalía General del Estado.
La segunda plantea cambios a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, con la finalidad de incorporar un mandato de observancia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y no discriminación, promover acciones para eliminar la brecha salarial y la construcción de entornos laborales libres de discriminación y violencias hacia las mujeres.
Para su análisis se enviará al Supremo Tribunal de Justicia, a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de las Mujeres, a la Secretaría de los Derechos Humanos, a los organismos autónomos reconocidos por la Constitución y a los 46 ayuntamientos.
Todos los entes consultados contarán con 20 días hábiles para remitir los comentarios. También se establecerá una liga en el portal de internet para consulta y participación ciudadana, por el mismo periodo, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
La tercera propone cambios al Código Penal estatal y a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, en materia de interrupción legal del embarazo, para la cual se instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo; y la cuarta es una propuesta de punto de acuerdo que busca emitir respaldo a la postura asumida por la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, de rechazar la intervención, las acciones unilaterales y cualquier forma de uso de la fuerza para definir controversias entre las naciones.
De igual manera, reafirmar el compromiso del Estado mexicano con los principios de defensa de la soberanía e integridad territorial, la aceptación de la responsabilidad compartida en los problemas comunes, el diálogo con sustento en el respeto y la confianza, y la cooperación sin subordinación, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Carta de las Naciones Unidas.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros, María Isabel Ortiz Mantilla, Susana Bermúdez Cano y Rocío Cervantes Barba, así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.
